Sergio Rey M.

Es escritor, de profesión Psicólogo de la Universidad de Chile; Magíster en Ciencias Políticas de la misma Universidad.

PhD. Psychology, London, UK, A.U.O.L. & PhD., Political Science, Mi., A.W.U., USA  

 

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Por Dr. SERGIO REY M.

Las tres cartas constitucionales que han operado mayor tiempo en el Chile republicano, consagran a la persona que ejerce el poder ejecutivo -presidente de la república-, como una figura sobremanera gravitante para la marcha de la nación. Aquello define con exactitud lo que en política se tipifica como un régimen presidencialista, el cual -visto desde una perspectiva un tanto caricaturesca-, evoca ciertos ribetes que son propios de un ordenamiento monárquico.

Tal tipificación -desde luego- se expresa meridianamente en los textos ungidos en los años 1833 y 1925, como, también, en el que actualmente nos rige a partir de 1980; pese a los numerosos cambios que a este último le han incorporado.

Tengamos en cuenta, asimismo, que en el borrascoso parto republicano que Chile experimentó a comienzos del siglo XIX -o sea, con posterioridad a cuando don Bernardo O’Higgins abdica como director supremo de la nación (1823)-, un influyente sector ciudadano consensuó una idea con atisbos francamente irreductibles: que la acrática atmósfera imperante en aquella época, llegaría a su fin con la simple elaboración y puesta en marcha de una carta constitucional que rigiese el nuevo orden político.

     De ahí los sucesivos intentos realizados en 1811, 1812, 1814, 1818, 1822 y 1823; a los cuales, además, debemos adjuntarle el desastroso proyecto federalista que encabezó don José Miguel Infante hacia 1826 y, un poco después, la llamada constitución liberal hecha pública en 1828.

Tales intentos jurídicos -y por distintas razones- no tuvieron importantes repercusiones a futuro. Salvo el incluido al final de la reseña anterior. Intento puesto en ejercicio durante el gobierno del presidente don Francisco Antonio Pinto (1827-1829),  el  cual -más allá de su efímera permanencia- se caracterizó por su neotérica inspiración constitucionalista.

    Así entonces, aquel hegemónico sector ciudadano -convencido que con el solo advenimiento de una constitución política, se le pondría coto a los agudos trastornos de la “neonata” república-, insistió en su visión impensadamente contraproducente. Puesto que si nos emplazamos a una altura que no impida un uso prudencial del sentido común, dicha visión debiera resultar inquietante para cualquier sensibilidad atenta al despliegue político de un estado. Y más aún: pareciera sugerir -ahora- que ese mismo intuito de antaño volviera a reverdecer, cuando, desde las más altas esferas del gobierno, se intenta forzar la concreción de un nuevo proceso fundacional. Proceso que, en la presente coyuntura, emerge otra vez con el inconfundible protocolo que concierne  a una genuina “panacea”; la cual, a su vez, induce a presumir -por cierto engañosamente- que las manecillas del reloj de la historia circulan al revés.

 

  1. Un tópico importante: el tiempo de ejercicio del presidente de la república en las principales cartas constitucionales de Chile.

Recordemos que el texto de 1828 proveía al presidente de la república una potestad limitada a un quinquenio, pudiendo reelegírsele a continuación.

Lo mismo aconteció con el escrito activado en 1833, el cual hizo posible que don Joaquín Prieto, don Manuel Bulnes, don Manuel Montt y don José Joaquín Pérez se instalaran una década en el poder ejecutivo.

Este último diseño constitucional -es decir, el de 1833-, estuvo vigente durante 91 años. Siendo únicamente superado -en perennidad- por los de Estados Unidos y Bélgica. Todo un hito en la historiografía universal.

Una enmienda concretada en 1871, derogó la reelección del jefe de estado para el lustro siguiente. Con ello se puso fin al ciclo de los diez años en el gobierno que los presidentes pudieron disponer hasta aquel entonces.

A su vez, en el texto plasmado hacia 1925, se estipuló que el mandato presidencial abarcaría un sexenio, pero sin chance de reelección en el período que continuaba.

Por otra parte, la carta constitucional de 1980 -obra del gobierno militar-, le confirió originariamente a la principal autoridad de Chile una permanencia de ocho años en el sillón de O’Higgins. Pero sin que ésta pudiese ser reelecta en lo inmediato. No obstante, debido a las modificaciones consensuadas por los actuantes políticos en 1989, se acordó un lapso de cuatro años (1990-1994) y un retorno al período de ocho años; mas, en ambos casos, hubo de ratificarse la imposibilidad de que el Primer Mandatario pudiese optar al cargo en el tramo siguiente.

Enseguida -el cuatro de marzo de 1994-, la potestad presidencial se redujo a un sexenio y sin reelección ipso facto.

Finalmente, con las últimas reformas introducidas en el año 2005, el mandato del ejecutivo fue circunscrito a un cuatrienio. Y siempre con la limitación de que quien lo desempeñara, no podía repostularse a renglón seguido.

Esto dice nuestra historia en torno a la juridicción de la primera autoridad de la república. Me he detenido en este aspecto, en virtud del rol e influencia fundamentales que su figura posee en un régimen definido como presidencialista.

 

  1. El período cuatrienal: ¿Simple ceguera u oportunismo acomodaticio de los políticos?

    La presidente de la república, doña Michelle Bachelet -a pocos días de haber asumido la jefatura del estado por primera vez (2006)-, afirmó que un período cuatrienal era muy exiguo para materializar un plan de gobierno.

En términos generales, la práctica no sólo ha esclarecido cuánta lucidez tuvo aquel planteamiento, sino que hizo específicamente evidente -además- una progresiva aceleración en la carrera de los pretendientes a La Moneda.

Y es que hace rato venimos observando la aparición de un prematuro pandemónium de candidatos a la más alta magistratura de Chile. E incluso -por si fuera poco lo anterior- hasta han surgido excéntricas postulaciones en medio de las “enconosas pechadas” por acceder al gobierno.

¿Y quiénes fueron los artífices de tan “pintoresco” escenario político?

Simplemente todos, diría yo. Tanto la centro izquierda, cuanto la centro derecha. Porque ambos sectores -sacando quizás qué cuentas alegres-, acordaron la reducción del período presidencial a cuatro años: un “inmediatismo” francamente miope…

  1. La lucha por el poder.

Hoy, a primera vista, se observa que en Chile predomina un apetito voraz por el poder. Pero, lo que resulta aún peor, es que simplemente se trata de la consecución del poder por el poder: un tipo de tragonería que desacredita -sin distingos- a quienes realizan la política. Y más que eso: contribuye a mutilar de raíz su rol mayormente enaltecedor.

     Pareciera que unos desean aferrarse a dicho poder -si es necesario, “hasta con las uñas”-, mientras que otros anhelan “apañarlo” al precio que fuere. Es una disputa por el apetitoso“botín” que representa el estado mismo, o -dicho hiperbólicamente- el símil de una liebre perseguida por un “ejército” de galgos.

No debiera asombrarnos, entonces, el cuadro sombrío que emerge ante la mirada atónita de cualquier observador relativamente neutro. Pues no sólo cunden los candidatos al poder ejecutivo, sino que también a otras altas jerarquías públicas. Son demasiadas las “esclarecidas eminencias” que se autoproclaman enteramente dispuestas a “inmolarse” por la patria.

     Sin embargo, tan histriónica o poco creíble farsa, resulta en extremo oprobiosa para una nación que tiene importantes desafíos por delante. Porque, a decir verdad, molesta constatar la inmensa codicia trepadora que surge por doquier, como, también, cierta cuota de hipocresía con la que se intenta encubrir -sin éxito- unas ansias casi viscerales por instalarse a perpetuidad en el palacio de gobierno. Y con ello -tal vez como secuela de una suerte de envilecimiento que ya muchos ni siquiera escamotean-, vivir fácil y regaladamente a costa de la “sangría fiscal” que financian los estoicos contribuyentes de la nación.

  1. La “panacea” de una nueva carta constitucional.

     En el último tiempo -y en medio de una atmósfera saturada por un frenesí ideológico homologable a los efectos de una curda excesivamente tóxica-, se intenta convencernos acerca de cuán imperioso resulta construir una nueva carta constitucional. Pues aquella -según se dice- eliminaría todas las “ataduras” que interfieren el progreso del país.

En alguna medida, tal acontecimiento constituye una especie de disonancia que revive lo ocurrido en los  días posteriores  a  la  abdicación  de  don Bernardo O’Higgins. Época de gran inestabilidad política y caos internos, que obviamente requería -previo a cualquier otra providencia-, la instalación de un gobierno capacitado para administrar el tránsito de Chile hacia una república bien estatuida.

De ahí que -esa vez- la contumacia con que se ensayaron incipientes bocetos constitucionales, determinó seguir un derrotero muy distante de lo que el teatro político exigía realmente priorizar.

El perder de vista tan esencial asunto, coadyuvó al estallido de la guerra civil acaecida en 1829. Ya que no hubo capacidad -entre las facciones en pugna- para conseguir un acuerdo que evitase dicha conflagración interna. Y ello se explica, claro está, porque lo que ahí estaba en juego, no era otra cosa que el poder político dejado vacante por la corona española.

Resuelta esta mortificante página histórica, recién pudo en Chile amainarse el clima de ingobernabilidad existente. Siendo éste el ominoso precio que hubo que pagar para erigir un gobierno. Y, desde luego, quienes resultaron vencedores en tan encarnizado litigio fraticida, establecieron la duradera constitución política de 1833.

No puede desconocerse, asimismo, que el sector social que asumió la gobernanza en aquel minuto, requería operar con un plausible marco legal. Pero tal necesidad -vuelvo a manifestarlo- jamás fue lo mayormente central en las circunstancias que precedieron al luctuoso enfrentamiento intestino de 1829. Inferir lo contrario -en pocas palabras- equivale a “poner la carreta delante de los bueyes”.

 

  1. El escenario que hoy vivimos.

      Resulta evidente que las ansias del actual gobierno por dar a luz una nueva carta constitucional, parecieran haber perdido fuerza en los últimos meses: si es que alguna vez la tuvo. Ello, en virtud de la enorme cantidad de incertidumbres desencadenadas por la frustración general de expectativas, la ausencia de liderazgo por parte de la primera autoridad de la república, el exiguo crecimiento económico y bajo nivel de inversiones, la concienciación de inequívocos signos de corruptela, los notorios asomos de nepotismo, el desprestigio de casi todas las instituciones públicas, la tangible fragmentación existente en la coalición gobernante y el sustantivo deterioro del apoyo ciudadano al oficialismo.

Mas, de igual manera, lo que hoy se intenta imponer -en abierta oposición con el interés básico de la gente-, es el ánimo de pulverizar un escrito que nació en un régimen de facto: el gobierno militar. Por lo tanto, poco o nada importa cómo este cuerpo legal haya operado hasta ahora. Aunque, sin duda, nunca será juicioso desestimar aquellas intentonas que permitan debatir sobre ajustes -o mejoras- en una obra hecha por humanos. Pero, en esta oportunidad, no se trata de éso. Ya que la intención predominante es -¡y qué duda cabe!-, hacerlo todo de nuevo y a cualquier precio.

Definitivamente vivimos el auge de un espíritu de demolición destinado a “suprimir” el texto de 1980. Y esto a la manera de un acto emblemático, cuyo fin es hacer añicos cualquier vestigio que sugiera una reactualización del apellido Pinochet. A pesar que, curiosamente, sus enemigos más torvos, no pierden oportunidad de “ponerlo en escena” a cada rato.

No obstante -a mi modo de ver- existe también otro motivo que concurre decisivamente en la naturaleza de tal postura. Motivo que se relaciona con una percepción muy poco asumida por los rancios actores políticos del presente: desconocer una retrospectiva a todas luces “traumática” para ellos -la cual no han podido superar-, y que por lo mismo hace comprensible la acritud e intransigencia de conocidos “rostros” inmersos en la greña política actual.

    En cuanto a dicha retrospectiva psicológica no superada -puntualizo- es evidente que hoy se siguen exponiendo los efectos que tuvo el drama de 1973 para importantes sectores de la nación (Exonerados políticos, exilio, derechos humanos, etcétera). Pero no se avistan, con el mismo talante, las causas que provocaron ese drama. Más aún: suele darse a conocer -de manera unilateral y con un perspicuo déficit de autocrítica-, lo que aquella lacerante reyerta intestina representó para la convivencia nacional.

¡He ahí cómo repercute, una vez más, el “traumático” impacto que tuvo el episodio de 1973 para vastos sectores ciudadanos! Lo que de suyo explica por qué, muchas veces, termina transfigurándosele en una virtual negación. O, expresado con mayor rigor, se ignora que éste  -querámoslo o no- constituye un factum que forma parte de nuestra historia; el cual, a su vez, no se produjo de manera fortuita y menos merced al alzamiento veleidoso de una minúscula facción militar.

Por otro lado, tengo casi la seguridad que al concluir 17 años bajo un régimen de facto (autoritario), floreció en Chile una ambientación proclive a los embates democratistas, demagógicos o inclinados al populismo. De ahí que, en el último tiempo, se invoque cierta “entelequia” llamada la voz de la calle: una suerte de lugar común inscrito “con letras de bronce” en el repertorio linguístico cotidiano, pero que nadie esclarece en lo más mínimo.

¿Qué representa dicha voz de la calle?, debiéramos preguntarnos. Ya que a ésta se le ensalza como una auténtica fuente reveladora de babilónicas “verdades”. Pero, lo que resulta todavía más delicado, es que tales “verdades” –atribuidas a esa “sacrosanta” entelequia-, están investidas de un sello peligrosamente excluyente.

Tan poco auspicioso panorama -desde luego- adquiere corporeidad a través del uso y abuso de ciertos eslóganes, los cuales son invocados como si fueran una “revelación” originada en el mismísimo topus uranus platónico.

    Tales eslóganes -que por supuesto constituyen la antípoda más categórica de lo que significa propiamente pensar-, pueden parecerles “novedosos” a no pocas personas. Situación que ocurre no sólo por su antiquísimo origen, sino que también debido a la ignorancia supina preferentemente enquistada en los estratos juveniles de la comunidad nacional.

A esa voz de la calle -que no es otra cosa que que una minoría vocinglera, “sin Dios ni Ley”-, no resulta pues un despropósito asociarla con violencia, intolerancia, resentimiento, vandalismo, encapuchados, barricadas, atentados a recintos religiosos, ataques anónimos a las personas, peñascazos, cócteles molotov, etcétera. Siendo éstos sus “argumentos” más visibles; y que algunos -ora por cobardía u ora por oportunismo- recogen como una “fundamentación” a carta cabal. Nada edificante ni esperanzador, por decir lo menos.

Todo este engorroso enjambre, además, adquiere sentido en un entorno donde la decepción referida al quehacer político es tal, que los ciudadanos se resisten a acudir a las urnas para elegir a sus autoridades. Ciertamente se multiplica -en gran parte de los chilenos-, un elocuente sentimiento de powerlessness (impotencia), el cual contribuye a fortalecer una actitud de neto acento individualista. Pues muchas personas -tal vez al darse cuenta del mundo insolidario y ventajista que viven cada día-, se inclinan por decirse a sí mismos: ¿Cómo puedo yo -a solas- arreglármelas en ésto?

¿Cuál sería el rol e influencia de dicha voz de la calle? Es una pregunta ante la cual no debiera “hacer uno la vista gorda”. Pues sobre la base de tan cacareada “entelequia”, parece fácil explicarnos el diseño de importantes iniciativas públicas. Entre ellas, por ejemplo, el llamado proceso constituyente. Una iniciativa que, según las encuestas más acreditadas, nunca apareció como una preocupación prioritaria del ciudadano medio. Pero que el gobierno ha promocionado, no sólo como un clamor nacido al conjuro de dicha “entelequia”, sino que también a modo de “un presunto ultimátum proveniente del alma nacional in toto”. Puro voluntarismo…

En esto estamos inmersos los chilenos en la hora presente. Un escenario que casi nos impele a suscribir un cliché demasiado incómodo por su evidente incerteza: que la historia tiende a repetirse.

    En efecto, da la impresión que las actuales “cúpulas partidistas y sus obsecuentes militancias” -como lo señalé anteriormente-, reeditan casi los mismos vicios que caracterizaron a los “perilustres” dirigentes del ayer mediato e inmediato. Lo que se nos hace mayormente patente, cuando constatamos que en aquellos estamentos prospera una especie de escapismo intelectual facilista: desconocer -como ya se dijo- las causas de los hechos acaecidos en el pasado. Porque, en dicha dirigencia, no se advierte actitud alguna que sugiera una disección reflexiva -sin anteojeras- acerca de por qué esos acontecimientos fueron posible; y, sobre todo, qué responsabilidad tuvo cada actor político en la génesis de los mismos. El “trauma” de 1973 -por desgracia- se encuentra tan vivo como omnipresente.

Cabe también tener en cuenta que en gran parte de los medios de comunicación -con el especial e inverecundo aporte de una TV inconcusamente sesgada-, divulgan un particular modo de leer nuestra historia: tanto la reciente, como cuanto la anterior. Y en virtud de su proclividad lindante con lo propagandístico, hacen que ni siquiera los programas deportivos trasciendan un discurso tan archiconocido como fácil de identificar en su propósito.

En medio de esta pertinaz trama, se intenta así “convencernos” -entre otras cosas- de que una nueva carta constitucional para la república, resolvería los intríngulis que nos acosan. Pero, además, el intento por materializar tan retobado proyecto, se lleva a cabo mediante una persuasión que no sólo alcanza visos de majadería, sino que también hasta signos de franca puerilidad.

Aún así -y pese a tan burdo activismo publicitario-, resulta casi sobrehumano que un ciudadano promedio logre abstraerse de la presión oficiada por dicho “bombardeo” mediático, cuya meta no es otra que crear una imagen útil al plan de quienes conducen el estado.

Ello explica la difusión que tuvo el “proceso constituyente”  aún en curso. Y es más: se dijo que dicho proceso contaba con el crédito de una ciudadanía fervorosa y plenamente convencida de la futura bonanza que éste le reportaría. Ficción que hace inteligible el generoso financiamiento que dispuso, como, también, permite comprender el resonante bombo que tuvieron los escuálidos cabildos ya efectuados.

 

  1. Los textos constitucionales de 1833, 1925 y 1980: Un contrapunto referido a su gestación y puesta en marcha.

A estas alturas -y a riesgo de que sea vista como una interrogante extemporánea-, estimo oportuno preguntarnos: ¿era indispensable que los militares -en su período de gobierno- erigieran un nuevo texto constitucional para Chile. O, con mayor exactitud, ¿habían razones sustanciales que dieran pie para la completa dación de baja del documento vigente desde 1925?

Sin el ánimo de introducirme en materias que exigen una elevada competencia técnico-jurídica, confieso que no alcanzo a entender la indispensabilidad práctica que tuvo dicha medida. Salvo, por supuesto, si presumimos una relativamente consciente tentación fundacional por parte de quienes se habían hecho del poder político en 1973.

Cosa distinta, no obstante, pudo haber sido introducir reformas al texto de 1925. Y por sólo señalar una particularmente obvia: la opción de proveer una segunda vuelta en el proceso de elegir al presidente de la república. De modo que el elector pudiese optar entre las dos preferencias más votadas en una primera instancia electoral.

Esta última posibilidad, desde luego, evita que el congreso pleno deba posteriormente elegir al Jefe de estado entre las dos primeras mayorías relativas. Cosa que ocurrió -en 1970- cuando se produjo el ascenso al poder de la llamada unidad popular. Ascensión que fue posible con sólo el 36,63% del universo de sufragantes.

Precisamente en este acápite, el texto de 1980 adiciona un elemento ausente en la Carta de 1925, constituyendo una diferencia no menor. Mas, resulta infructífero construir suposiciones en torno a qué hubiese pasado -en 1970- de haber existido un “ballottage” entre los señores Alessandri y Allende. Quizás otro gallo hubiese cantado…, lucubran no pocos.

Reafirmo entonces mi oposición a institucionalizar -y excúseseme que lo haga con sorna- el “tan sui generis deporte” que consiste en construir sucesivas cartas constitucionales, tal como ocurrió en los balbuceos de la república. Y más todavía, cuando se proclama anticipativamente -sea cual fuere el lugar donde se sugiera tal posibilidad-, que con su mera aplicación se resolverían los males que afectan el avance y armonía de una determinada estructura social.

    En verdad, no resulta extraño que con frecuencia se enarbolen razones “superiores” para fundamentar la creación de un “nuevo” texto constitucional. De eso no tengo dudas, porque, en la historia, siempre suelen aparecer -y con distintas motivaciones- ciertas voluntades que se empecinan en intentar hacerlo todo de nuevo. Es, al parecer, una diáfana muestra de empecinamiento -o casi un prurito compulsivo- que enceguece a algunos tras la idea de construir un legado para las futuras generaciones: una arrogante pretensión de inmortalidad…

Ahora bien, en lo que respecta a nuestra última constitución política -me refiero a la de 1980-, recordemos que actualmente se siguen argumentando dos motivos para desahuciarla in integrum. El primero: la falta de participación ciudadana que hubo en su origen. Y el segundo: que el procedimiento para legitimarla, no se consumó en el contexto propio de un estado de derecho en forma.

Es indiscutible que cuando revisamos instancias parecidas en otras latitudes, frecuentemente encontramos que muy pocas personas participan en la cimentación de un documento de esta relevancia. De hecho, en la carta constitucional plasmada en U.S.A. -vigente hasta hoy y casi seguro la de más antigua data reconocida (17/09/1787)-, un escaso número de estadounidenses intervino en su elaboración. Más exactamente: dicho texto fue producto de la comparescencia de un reducido número de delegados que asistieron a la convención de Filadelfia. En ningún caso, se creó una farfolla parecida a nuestros recientes cabildos ciudadanos para definir sus contenidos. Su redactor principal fue James Madison. Pero Benjamín Flanklin -un tiempo después- habló de la unanimidad de los delegados para ponerla en ejercicio. Hecho que sucedió el 4 de marzo de 1789.

En su núcleo central, tal escrito recibió la inspiración de una figura universalmente apreciada en la monografía de las doctrinas políticas: Montesquieu. Un egregio pensador francés, que siempre buscó prevenir las tiranías a través del equilibrio entre los poderes.

A su vez, tampoco resulta riesgoso suponer que cuando el gobierno de Chile citó recientemente a la ciudadanía para hacerla protagonista en la gestación de una nueva carta constitucional, era fácil intuir que aquel llamado produciría una lectura equivocada en quienes acogieron de buena fe su convocatoria. Puesto que los comparecientes a ese acto cívico –al no prever que una constitución es un conjunto de instrumentos a merced de cada gobierno o legislatura-, simplemente interpretaron que el sentido de los cabildos consistía en la realización de un mero programa electoral. Se trataba, sin duda, de algo muy distinto.

Por lo demás, cada vez que se ha proyectado instaurar un “nuevo” texto constituyente -y eso lo demuestra claramente la historiografía-, aquello parece viable sólo al consumarse un determinado poder que regule dicho proceso. Siendo ese poder, en definitiva, quien lo inspira, para, después, de una u otra manera, buscar su legitimación y puesta en marcha. Hecho que ratifica la escasa participación del pueblo en la hora de su engendramiento.

Así ocurrió en Chile con el texto de 1833: obra de los triunfadores en la guerra civil de 1829. Texto discutido en una gran convención y aclamado el 25 de mayo de ese mismo año. Obviamente que se aplicó ipso facto; y, por cierto, sin ninguna pulcritud republicana. Por consiguiente, fue hecho realidad -sin más ni más- “cuando aún no se disipaba el calor que expelían los cañones empleados en el cruento enfrentamiento entre chilenos recientemente concluido…”

En cuanto a su elaboración intelectual, tuvo la autoría de dos distinguidos jurisconsultos de la época: don Manuel José Gandarillas -de abierta inclinación liberal- y don Mariano Egaña, de fuerte arraigo conservador. Tarea que bosquejaron bajo la mirada realista, no teorética, del ministro don Diego Portales; y que esencialmente consistió en un ajuste efectuado al texto escrito durante el gobierno de don Francisco Antonio Pinto. Ajuste que consistió -dicho en términos más directos- en una reforma practicada a la llamada constitución liberal de 1828.

Casi lo mismo tuvo lugar con la carta constitucional de 1925. Ya que esta última surge porque una junta revolucionaria de militares jóvenes -al mando del coronel don Carlos Ibañez del Campo-, se hizo del gobierno mediante un golpe de estado. Y, trascartón, solicitó el regreso del ex presidente don Arturo Alessandri Palma (quien se encontraba en el exilio, porque, anteriormente, lo había derrocado otro grupo castrense).

La junta militar encabezada por el coronel Ibañez, apoyó íntegramente a Alessandri para que éste pudiese concebir un nuevo texto constitucional. En verdad, se pretendía con ello poner fin a la funesta acometida parlamentarista incoada por un cúmulo de reformas constitucionales. Reformas que habían desnaturalizado la cepa presidencialista del texto vigente desde 1833; y que ya había contribuido a la encarnizada guerra civil de 1891.

Alessandri -ya de vuelta en La Moneda-, puso en manos de un jurista de su total confianza, don José Maza Fernández, el acometimiento de esa tarea. Y la misma junta revolucionaria, a su vez, exigió al presidente que legitimara el nuevo texto mediante el sufragio popular. Solicitud que Alessandri hizo efectiva en términos “poco estéticos”; ya que -entre otras falencias- obtuvo el “beneplácito” ciudadano mediante un plebiscito caracterizado por una considerable abstención.

El proceso anteriormente referido -como resulta expedito concluir- se desplegó en  términos casi idénticos a los que precedieron al texto de 1980. No obstante, ambos procesos fueron tal vez más rigurosos en esmero jurídico e intelectual, si les contrastamos con la génesis y posterior aplicación de la carta constitucional de 1833.

Recordemos, asimismo, que cuando algunos plantean “demoler” la constitución de 1980, se alega que ésta no fue ratificada por el pueblo dentro de las condiciones propias de un estado de derecho. Esto significa que se aprobó y puso en funcionamiento sin la existencia de registros electorales, poderes independientes, parlamento en ejercicio, posibilidades de difusión para los opositores, etcétera.

Sin embargo, el proceso mismo de construirla y ratificarla -subrayo- no difiere grosso modo de los textos constitucionales promulgados en 1925 y 1833. Los tres escritos fueron definitivamente elaborados en un clima político-institucional “anómalo” y sobre la base de un ingente influjo castrense.

  1. Recapitulando.

Si en los críticos existiese suficiente cautela al momento de exponer sus juicios, me parece insoslayable que éstos -previo a cualquier ponencia que estimen digna de argüir-, se hagan cargo de un precedente histórico que habla por sí solo: cual es que ninguna de las cartas constitucionales promulgadas en el Chile republicano, cumplieron estrictamente con los estándares que un estado de derecho en forma exige para una cabal legitimación.

Por consiguiente, la prédica contestataria que suele esgrimirse para “hacer papilla” el escrito de 1980 -recalco- se atomiza en grado sumo cuando observamos nuestro despliegue  institucional  desde  una perspectiva libre de regustos ideológicos. Y es más -de acuerdo a esto último y tal vez reaccionando con una receptividad un tanto purista-, lo intelectualmente honesto sería poner en tela de  juicio  toda  la  arquitectura político-estatutaria que nos ha regido. Y no, como se estila a causa de un desconocimiento que linda con la iniquidad, sólo la delineada por los militares en 1980.

Aparte de lo anterior -e independiente del aporte y operatoria de cada una de las cartas constitucionales empleadas en Chile-, lo cierto es que los textos de 1833, 1925 y 1980 poseen una ostensible continuidad en lo que respecta al canon presidencialista que les tipifica. Precisamente -y a mayor abundamiento-, el escrito de 1925 buscó reivindicar dicho canon; porque -a raíz de la seguidilla de cambios hechos al texto de 1833: casi una docena de reformas-, tan intrínseco atributo le había sido ostensiblemente mutilado.

Ahora bien: si nos detenemos en el documento de 1833 -el de mayor tiempo útil en el historial republicano de Chile-, resulta imprescindible tener presente que éste constituye una mera remodelación de la carta constitucional de 1828. La cual, en estricto rigor, le proveía excesivas atribuciones al congreso y pocas al presidente de la república.

A su vez, si bien es verídico que el texto de 1828 se limitó temporalmente a un lustro (siendo una de las causales de la guerra civil de 1829), no es menos verídico que tuvo el mérito de configurarse como un bosquejo jurídico moderno y preciosista. Fue, en pocas palabras, un auténtico prototipo para lo que sobrevino a posteriori en materia constitucional: malgré tout… (a pesar de todo).

De igual manera, no debemos hacer la vista gorda respecto a que la constitución de 1828 -sancionada mediante un congreso general constituyente elegido con las abiertas irregularidades protagonizadas por los receptores de sufragios (cohecho)-, se distanció en demasía del equilibrio político existente en esos años (conservadores contra liberales o viceversa).

El texto mismo fue diligentemente redactado por don José Joaquín de Mora -un ciudadano español muy proclive a la intelectualidad francesa-, y don Melchor de Santiago Concha Cerda. Ambos personeros -cuya inclinación doctrinaria se erige como un factor imposible de soslayar-, eran insignes representantes del llamado “utopismo liberal”: bandería político-ideológica que prevaleció durante el gobierno de don Francisco Antonio Pinto (1827-1829).

  1. Conclusiones.   

 

  1. Cabe reconocer que la constitución de 1828 -no obstante haberse instaurado por obra de un parlamento cubierto de sospechas y sin la venia de todos sus integrantes-, representa el primer gran esfuerzo jurídico-constitucional llevado a cabo en la república de Chile. Aquello, pese a los resabios federalistas y en pro del parlamentarismo que subsistían en su esencia.
  2. Los textos constitucionales de 1833, 1925 y 1980 fueron concebidos y puestos en marcha por quienes se instalaron de facto en el poder. Por lo tanto, sus respectivas activaciones se hicieron al margen de un riguroso estado de derecho. Esto es, sin poderes establecidos e independientes, sin registros electorales, sin parlamento en funciones, sin posibilidades de publicidad para los eventuales opositores a cada una de ellas, pero sí con la activa y determinante comparecencia de las fuerzas armadas. ¡La historia es sumamente elocuente en esto último…!
  3.  A mi juicio, queda la impresión de que si únicamente un sector político ha obtenido un importante acceso al poder -o, digámoslo sin echar mano a ningún tipo de evanescencia eufemística, sólo cuando ese eventual sector político se ha empoderado de verdad-, recién quedaría en condiciones de administrar una empresa de esta magnitud.

Con ello, entonces, no sólo se hace viable que escriba una carta constitucional, sino que, además, le allana el camino para su ulterior posicionamiento público.

4.Evitando caer en una postura lindante con lo paranoide (suspicacia extrema), es incuestionable que, tras la idea de dar curso a un proceso constituyente, pueden “disimularse” ambiciones políticas de la peor ralea (non sanctus). Más aún, y sin detenernos excesivamente en este punto, tenemos a mano evidencias históricas que dan luces acerca de dicho peligro. Por ende, frente al “entusiasmo” que regularmente genera un proceso de esta envergadura -cualquiera sea el paraje donde se le anuncie-, la actitud a asumir no puede sino ser otra que la de guardar una sigilosa prudencia. Porque, sin duda, en política nunca han sido pocos los que, aprovechándose de las complicaciones que tales ajustes suelen traer, intenten subrepticiamente “sacar las castañas con la mano del gato”. Puesto que un marco institucional que dé sustento a algún grado de inestabilidad, de seguro que siempre resultará propicio para cualquier tinterillada o dislate de esa índole: “A río revuelto ganancia de pescadores”, dice el refrán popular…

5. A su vez, es inhacedero negar que en el teatro sociopolítico chilensis se vive un maximalismo democratista “a gran orquesta”. Y por eso abundan las palabras de adulación hacia aquel coterráneo presuntamente postergado -que por lo mismo “toleraría”, como el que más, una frustrante sensación de powerlessness-, a fin de que logre ilusionarse con un futuro concurso en el orden social donde mora. Ésto, desde luego, desencadena una avalancha de promesas hacia su persona, cuyo fin sería “compensarle” del ninguneo que sempiternamente ha cargado sobre sus espaldas.

De ahí el florecimiento ya habitual de ciertas voces, las que, mediante una perorata no exenta de candidez, dan impulso a una opción pregonada casi como una sutil amenaza: concretar “el rol democrático” que suponen las llamadas asambleas constituyentes. Un instrumento político que, en la eventualidad de consumarse, podría resultar hasta tenebroso. Ya que tenemos atisbos sumamente concluyentes -en nuestro propio vecindario suramericano-, acerca de lo que a veces se pretende conseguir con su ejecución. No obstante, y pese a ello, siempre existirán voluntades dispuestas a presentar tal herramienta como el summum de la comparecencia político-ciudadana: algo ya muy visto en la “democrática” Venezuela, ironizo.

6. De una u otra manera, estimula también nuestra curiosidad el fulgor de supremacía que eventualmente le arrogan a un futuro boceto constitucional sus mismos precursores. Queda así instalada una disposición muy sugerente: y es que cualquiera sea el escrito que en un instante pudiera engendrarse, de modo apriorístico se reclamará para éste -y de preferencia por boca de sus exégetas más lenguaraces-, los halagos correspondientes a una obra infinitamente única. Nada más peregrino y vanidoso. O, dicho en otro tono, una patética “sinfonía” de ensoberbecimiento.

7. Una carta constitucional -y por poco huelga decirlo-, debiera ser permeable a las adecuaciones que la realidad de suyo vaya exigiendo. Puesto que no se trata de un documento pétreo. Sin embargo, una escritura jurídica de aquel rango y trascendencia, no puede quedar a merced de las veleidades cortoplacistas que conocidamente operan en el quehacer político rutinario.

8.  Hoy se deja entrever -a modo de un ajuste constitucional “hipotéticamente plausible”-, el ánimo de disminuir las facultades del presidente de la república, y, paralelamente, incrementar las del poco afamado congreso nacional.

Al respecto -y antes de embarcarnos en cualquier lineamiento referido a esta moción-, sugiero tener en cuenta lo que nos profesa nuestra propia praxis republicana. Porque -aunque aquello, por ahora, sea un tímido acicate verbalizado “sotto voce” al interior del mundillo parlamentario-, corresponde advertir que una reforma de este tipo tiene muy poco de “buena nueva”. Y, es más: cuando otrora se intentó poner en práctica algo semejante, sobrevino un desenlace deplorable para Chile.  Recordemos -otra vez- las sangrientas disputas cívico militares acaecidas en 1829 y 1891, como, asimismo, los sucesivos golpes de estado que ocurrieron hacia 1925.

9. Como una simple y obvia generalidad, deduzco que una constitución política, non plus ultra, es aquella que funciona con eficacia en el lugar donde se ha instituido. Lo cual vaticina que ésta no puede abstraerse de las condiciones de su entorno. Un modelo constitucional ideado para cierta latitud y cultura no tiene por qué resultar necesariamente satisfactorio en otra.

En consecuencia: interpreto como un gesto que denota una valentía e integridad excepcionales, el hecho de trascender el quiénes, el cómo, el cuándo y el dónde una carta constitucional hubiese sido forjada. Pues lo que importa, en definitiva, es si ésta opera o no adecuadamente en el contexto donde se le ha dado destino.

¡Centrémonos entonces -y por encima de cualquier clase de argucia ideológica-, en la tarea de evaluar si la constitución de 1980 ha sido o no un obstáculo para el progreso de la nación…!

Y es que Chile -más allá de lo que todavía carece como un estado emergente-, prosperó en muchos aspectos a contar de 1980. Puede, sin duda alguna, que el actual texto constitucional requiera de ciertos ajustes. Pero, algo muy distinto consiste en “entregarse por entero a una misión” que más parece un insumiso extravío voluntarista, como lo es, sin duda, el propósito de querer hacerlo todo de nuevo y a cualquier precio.

         La actitud anterior hace patente -primero- cuán inmenso es el desorden emocional que a unos les provoca el simple hecho de no admitir las “penumbras” de un pasado acerbo, como también -segundo- devela la megalomanía de otros que “deliran” por instalarse en algún podio de la historia.

         La “ideologización” a ultranza y el insano empecinamiento que trasunta insistir en la tragedia de 1973 como una especie de leitmotiv in aeternum, impiden de verdad acometer los desafíos del futuro.  Sobre todo, porque se trata de una apuesta regresiva, que evoca un “factum traumático” no resuelto por muchos; y que per se debiera incomodar en grado sumo a quienes justiprecien un sano orden republicano.

Resulta incuestionable, asimismo, que ningún pueblo puede vivir perennemente encadenado a las negruras de una retrospectiva donde el germen fratricida deambuló a sus anchas. Tema que se agrava, porque, de manera recurrente, los medios de comunicación ponen constantemente sobre el tablado un recordatorio lleno de rencores e insanas animosidades.

10. Montesquieu -el ilustre intelectual francés del siglo XVIII-, sostuvo que, para establecer un orden político indemne a cualquier forma de tiranía, es indispensable procurar una auténtica separación, independencia y equilibrio entre los poderes que configuran el estado. Cuestión que, sin duda, concierne al espíritu y letra de una carta constitucional.

Hemos visto – y no sin impotencia- cómo en Chile se desenvuelve la judicatura en su relación con el poder ejecutivo. Ésto, ya sea en cuanto a lo que advertimos a través de una simple lectura de sus fallos; o, ya sea, mediante lo que es dable observar a partir de las nominaciones en la carrera de los jueces. Pero también -y tal vez sea lo que suscita mayor inquietud-, es la inseguridad que induce un poder judicial que a veces pareciera no estar dispuesto al juzgamiento de todos los que debieran serlo (sum quique).

En suma: la autonomía del primero en relación con el segundo, se percibe como dudosa en extremo. E incluso -y teniendo a la vista nuestra propia experiencia histórica-, resulta fácil visualizar que la conducta de los jueces en las circunstancias de un gobierno de facto no difiere sustancialmente en cuanto a cómo proceden ante otro elegido mediante el sufragio universal.

La sujeción de la judicatura al poder ejecutivo -más allá del régimen de gobierno que exista-, no parece presentar diferencias fundamentales.

Capítulo aparte merece una revisión de las potestades del congreso en materias relativas al poder judicial. Aunque aquello, claro está, no por el hecho de ser menos visible a los ojos del ciudadano medio, pudiera interpretarse como una cuestión de menor calibre. Lo que tampoco es así…

Concluyo entonces que cualquier iniciativa en pos de obtener una autonomía superior para dicho poder del estado, es -por higiene pública- un objetivo tan urgente como perentorio de conseguir. Y dicho requerimiento, desde luego, no puede ni debe mirarse como una quimera irrealizable; sin desconocer, por cierto, que intentar aquella rectificación emerge como un problema complejo. Ésto, por una parte, debido a la larga data que posee, como, por otra, en virtud del comprensible enraizamiento que dicho estado de cosas tiene a su haber.

Como un simple ciudadano de la república, no quisiera nuevamente ser espectador -aunque en mis circunstancias, sólo un mero espectador distante-, de las tribulaciones vividas por una jueza ante el hecho de verse casi obligada a desistirse de interrogar a un presidente de la república. Acontecimiento ocurrido en el proceso MOP-GATE, el cual, a la sazón, involucró a importantes figuras del oficialismo de la época (gobierno de don Ricardo Lagos Escobar: 2000-2006).

Fue público, en esa oportunidad, que la magistrado a cargo de esa instancia judicial, doña Gloria Ana Chevesich, tuvo serias complicaciones debido a su decisión.  Esto -según se supo- por instrucciones recibidas desde las más altas jerarquías de la corte suprema de justicia.

¡Qué prueba más concreta, entonces, acerca de la insuficiente independencia del poder judicial…!  De ahí que tan relevante asunto -repito- debiera motivar un impostergable progreso.

Sin perjuicio de lo anterior, parece también recomendable fortalecer el recogimiento ciudadano que debe inspirar la jerarquía representada por el presidente de la república. Jerarquía que, sin duda, requiere siempre permanecer razonablemente incólume; y -máxime- en un régimen adscrito al presidencialismo.

Sin embargo, tal observancia no exime al ejercitante de dicha jerarquía -reincido- en torno a las obligaciones que competen a cualquier habitante de la república. Y, es más: sea quien fuere la persona que sirva tan augusta investidura política -aparte del sinnúmero de adjetivaciones que puedan sobrevenir al respecto-, lo cierto es que aquella sólo constituye una manifiesta representación del primer empleado público de Chile. Nada más, ni nada menos…

 

9. A modo de epílogo.

     A estas alturas, permítaseme citar una referencia que, a mi juicio, trasunta un carácter emblemático; y que por lo mismo pudiese casi divisarse -reconozco- como un fehaciente sarcasmo. Ello, desde luego, a raíz de todo lo que antes he latamente expuesto.

Exhorto para tener en cuenta, por tanto, la intemporal sabiduría dada a conocer por Eclesiastés, cuando, en el antiguo testamento bíblico y alrededor del año 935 a.C., escribe lo siguiente: Nada habrá que antes no haya habido; nada se hará que antes no se haya hecho. ¡Nada hay nuevo en este mundo! Nunca faltará quien diga: “¡Esto sí que es algo nuevo!” Pero aun eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después (1:9-11).  

    Así entonces -y recogiendo el núcleo de lo expresado categóricamente por El Predicador-, no debiera asombrarnos la actitud autocomplaciente con que algunos pregonan “portentosas novedades” en materia de institucionalidad política. Actitud que, si su causal radica en un mero sentimiento de ingenua satisfacción, no merece reparos éticos sustanciales. Pues de suyo representaría un intento por “realizar” –de buena fe, pero ilusamente- una idea lindante con lo quimérico.

No obstante, algo enteramente distinto entraña el surgimiento de otro tipo de “novedosas” propuestas institucionales: aquellas malparidas por la ingénita soberbia que bulle en la creatura humana; la cual, después, deviene en pretexto para la concreción de tenebrosas “empresas”.

Y es que la práctica nos enseña, de una u otra manera, que esta última clase de “aportes” al sistema republicano -presuntamente ideados para el arribo de mejoras tangibles en la organización política-, suelen transformarse en la fórmula precisa para el desplazamiento sustancial del poder hacia grupos minoritarios y activamente organizados.

Empero, lo que hoy resulta todavía más preocupante, es que el manifiesto prurito por las “aventuras” institucionales, ha venido universalmente potenciándose en una circunstancia histórica donde prevalece un designio tan avieso como repulsivo: la búsqueda del poder por el poder. Con ello aflora una voracidad sofísticamente maquillada mediante un lenguaje no exento de hipocresías. Lenguaje que, en la práctica, sólo sirve para esconder un sinfín de inconsistencias.

En tal coyuntura, entonces, casi huelga inferir que el archiconocido expediente de la invocación ideológica -aquel “canto de sirenas” que se hace escuchar a los votantes al fragor de una disputa eleccionaria-, termina por trastrocarse en un recurso vacuo, henchido de lugares comunes y sin fuerza real alguna. Porque la “intuitiva” sensibilidad de la gente, le permite a ésta prever el artificioso embeleso que encarna tal recurso; el que, sin duda, pudo alguna vez resultar funcional a una directriz infinitamente distante del bien común: otorgarle “cierto decoro” al escamoteado propósito de convertir el estado en un “botín” dispuesto para quienes lo administren.

Vistas, así las cosas, en dicho clima y circunstancias, no se pretende el “bastón de mando gubernamental” para finiquitar un proyecto en beneficio de una mejor convivencia, justicia y bienestar generalizados, sino que, y, muy por lo contrario, el interés preferente de los que aspiran a conseguirlo se circunscribe exclusivamente al acaparamiento y/o detentación del poder como un norte supremo e inmanente.

     Ahora bien, si nos detenemos en uno de los signos contemporáneos de mayor visibilidad, el populismo, es plausible conjeturar que tal enfoque -o modo de hacer política- se inspira en el mismo “raciocinio” anterior. Por lo tanto, parece naturalmente destinado a “comprometerse en matrimonio” con la tan poco edificante tónica ya antes enunciada.

Sin embargo, pocos parecieran concienciar que el objetivo último de toda conducción populista no apunta precisamente hacia el progreso sustentable de un ordenamiento social. De facto -y aunque nos incomode reconocerlo-, sólo reside en una opción forjada para fines sobremanera concretos (“Pan para hoy y hambre para mañana”, es, quizás, el refrán que en los hechos mejor compendia su mismísima esencia…). Situación que explica por qué, dicho sea de paso, quienes llevan la “voz cantante” en la exteriorización de su propuesta, nunca expliciten claramente cuál es la prospectiva que proyectan hacia un mediano y largo plazo. Sólo cuenta, en efecto, apropiarse del poder; y esto -en lo posible- sin limitaciones ni eventuales alternancias a futuro.

De ahí que una política “embriagada” de populismo aparte de adular farisaicamente a las personas menos favorecidas-, no escatimará esfuerzos en promover un formidable repertorio de “paradisíacas promesas”.  Sin embargo, cabe advertir que la entrega de bonos y “otras yerbas” -expresiones icónicas de una administración populista-, sólo representan “caricias” coadyuvantes y oportunamente insertadas en un ofrecimiento todavía mayor: la publicitada igualdad social. Algo que a simple vista siempre suena muy bien…

Consecuentemente, quienquiera sea participe de un modus operandi populista, lo hará incentivado por aspiraciones que no trascienden su propio interés material, como, asimismo, los de la camarilla que lo conduce.

En resumidas cuentas, la conquista del gobierno para estos actores resulta casi un símil de “clavar la rueda de la fortuna”. Porque lo que se busca -con mayor razón o seguridad-, no es otra cosa que recoger las pingües regalías asociadas al manejo y control del aparato estatal. Nada más que eso; aunque aquello, claro está, nos cueste admitirlo por lo impresentable que es…

En suma: como puede verse con diáfana nitidez, la visceral y codiciosa ansia por el poder antes descrita, se amalgama con la mirada ligera de quienes lo ambicionan como un fin en sí mismo. Proceso que, en no pocas ocasiones, calza perfectamente con la idea de promover un nuevo diseño constitucional. Ya que, en ciertos casos, dicho procedimiento podría ser el derrotero táctico-estratégico más propicio para su consecución. Basta con mirar -aunque sea de reojo- lo que viene aconteciendo en Suramérica desde hace unos lustros (Bolivia, Venezuela, Ecuador, etcétera).

Me pregunto entonces, ¿será realmente necesario construir una “nueva” carta constitucional para la república de Chile?

A la luz de lo ya desarrollado, volver sobre esta interrogante aflora como una evidente demasía. Pues, amén de lo que he venido planteando, reafirmo que las cartas constitucionales pueden actualizarse mediante los mecanismos regulares que ellas mismas estipulan en su formulación.

No obstante -e inclusive por sobre esta simple perogrullada-, creo indispensable rescatar una ortodoxia que pondero en grado sumo: y es que cuando llega la hora de introducir “innovaciones” en el ámbito de las instituciones políticas, jamás deben perderse de vista los naturales resguardos y autoexigencias que una república establece como condiciones permanentes para el cabal funcionamiento de esta.

Por eso insisto -aunque parezca redundante hacerlo-, en la indispensabilidad de guarecer una clara separación, equilibrio e independencia entre los poderes constitutivos del estado. Ya que, sin la concurrencia real de estos elementos básicos, el orden democrático-republicano termina por erigirse en “un patético espejismo”. Realidad que no exige una constatación muy distante para confirmarla en plenitud.

Por consiguiente, la figura magnífica de Montesquieu no sólo resulta imperecedera en cuanto a fuente ilimitada de erudición en este tema, sino que también, además, a modo de un hito insoslayable dentro de la monografía constitucionalista occidental.

En definitiva: atrás debiera quedar aquella activa pléyade de “iluminados”. Ciertos “próceres” que se auto arrogan de por sí y ante sí- el talante de “progresistas”.  (¡Cuánta petulancia revela la mera aceptación y usufructo de aquel calificativo…!). Y que, debido a la pseudología fantástica que “profesan” como un escape psicológico irreductible, exteriorizan un infantilismo que es propio de impúberes, cual es pretender refundarlo todo y a cómo dé lugar.

Concordemos, entonces, que el texto de 1980 puede readecuarse sin echar mano a procedimientos excepcionales y, por supuesto, acorde con la experiencia ya vivida. Por ende, quienes perseveren en autoconvencerse que con su demolición “cosecharán un auspicioso crédito” para hacerse acreedores a un cupo en los altares de la historia, es mejor que no sólo logren hacer cordura, sino que también aprendan a percibir el asunto del poder sin apetitos descontrolados y, sobre todo, con prudencial recato. En pocas palabras: que logren sacudirse de sus anteojeras ideológicas y asomos megalomaníacos, como, asimismo, que aborten aquella óptica enceguecida por un voluntarismo destinado infaliblemente a desembocar en el ensoberbecimiento.

¡Nada hay nuevo en este mundo…!, es, por cierto, un apotegma muy antiguo. Mas, no por ello fenece con el devenir inexorable del tiempo; y menos en el secular terreno de la cuestión política: un área particularmente fértil para quienes no sólo cultivan sueños de gloria, sino que también la “neurótica” búsqueda de trascender mediante un fantasioso legado.

 

Región de Valparaíso, 28 de febrero 2018.

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